En la madrugada del 28 de junio una riña entre presos de la cárcel colombiana de Tuluá derivó en un intento de motín y posteriormente en un incendio, que provocó la muerte de 51 personas y dejó heridas a otras 24.
La Conferencia Episcopal Colombiana (CEC) lamentó la tragedia y expresó su cercanía a los familiares de las víctimas “en este momento que conjuga dos dramas: el primero, la realidad, de por sí triste, de tener un integrante de la familia privado de la libertad; el segundo, la imposibilidad de verlos nuevamente en casa y reintegrados a la sociedad”.
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